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La morosidad de algunos propietarios es uno de los principales problemas que preocupan a las comunidades de propietarios. El incumplimiento reiterado de un propietario de su obligación de contribuir económicamente en el mantenimiento de la comunidad puede llegar a provocar problemas de tesorería a ésta, obligando al resto de propietarios a compensar el déficit existente: “lo que un propietario no pagó, deben abonarlo el resto”. Ello evidentemente provoca tensiones en el seno de la comunidad además de dificultar la convivencia.Ante dicha situación es necesaria una eficiente gestión desde la administración; detectando los impagos y diferenciando las situaciones puntuales de los incumplimientos reiterados, contactando con el o la propietaria morosa, con el objetivo de llegar a acuerdos que sean satisfactorios para ambas partes.En los casos que ello no es posible, se abre la vía de la reclamación judicial. En los últimos años el legislador a creado diferentes instrumentos tendentes a facilitar dicha actuación y a agilizarla. Así el procedimiento monitorio, que se articula como un requerimiento judicial de pago, facilita la documentación que debe aportarse en dicha reclamación, e impone al deudor necesariamente los gastos en los que haya incurrido la comunidad para instar dicha reclamación.Desgraciadamente, la dilación en el tiempo de todo el proceso hace que en muchos casos exista insatisfacción cuando después de todo el periplo judicial, la comunidad recupera únicamente el importe de las cuotas impagadas, pues con dicho pago no se compensa todo el lapso de tiempo en que el resto de los propietarios han debido hacer frente a la falta de pago.Frente a esta situación la comunidad puede articular algunas medidas, que, si bien no siempre evitaran el impago, sí que podrán aliviar la sensación de desamparo que a veces se produce:

1. Por un lado, aprobar un acuerdo comunitario en el sentido que todos los gastos extrajudiciales que se generen por el impago de un recibo puedan ser cargados directamente a la entidad que los ha causado. De este modo, la gestión extraordinaria que produce el impago de una cuota (comisiones bancarias, reclamaciones extrajudiciales), no repercute a la comunidad.
2. Por otro lado, la comunidad también puede aprobar el establecimiento de sanciones ante la falta de pago un recibo (p.e. un tanto por ciento sobre el efecto impagado, a los dos meses de haberse producido y no subsanado).

Estas medidas han sido validadas por los tribunales, existiendo multitud de sentencias que así lo corroboran, pudiendo ser reclamadas dichas partidas junto con el resto de la deuda, sin mayor problema. En muchos casos, la aprobación de dichas medidas puede actuar como elemento disuasorio del propietario o propietario incumplidor, pues comprueba que su actuación le genera un mayor coste.Evidentemente, para la completa aplicación de dichos acuerdos, es conveniente que se eleven a público e inscriban en el Registro de la Propiedad.Desde hace años en ORGAN, la gestión y el control de la morosidad en las comunidades que gestionamos, es un objetivo primordial, ya que somos conscientes del perjuicio que provoca en la gestión diaria de la comunidad y en su tesorería. Para ello llevamos a cabo un control y seguimientos mensuales a las entidades deudoras, facilitamos los métodos de pago, proponemos acuerdos y somos ágiles en la interposición de reclamaciones.Todo ello, con el objetivo de mejorar la gestión de las comunidades, facilitar la convivencia y velar por el buen mantenimiento y uso de los elementos comunes.